El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar un año la entrada en vigor obligatoria del sistema de facturación electrónica Verifactu, según han confirmado fuentes oficiales. El aplazamiento no exime, en todo caso, de la obligación de generar facturas electrónicas con código QR y código identificativo.
- ¿Qué es el Verifactu?
Verifactu es el sistema de facturación electrónica impulsado por la Agencia Tributaria, diseñado para garantizar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones, evitando la manipulación de facturas y reforzando el control fiscal. Este mecanismo estará dirigido principalmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes), que deberán emitir sus facturas a través de la plataforma, adaptando sus procesos a un entorno digital más seguro y eficiente.
- Nuevas fechas
Para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, Verifactu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027.
Para el resto de pymes y autónomos, la fecha definitiva se retrasa hasta el 1 de julio de 2027
Esta decisión revisa el calendario inicialmente previsto, que fijaba el 1 de enero de 2026 y el 1 de julio de 2026, respectivamente
- ¿Qué implica el retraso?
La prórroga concede un año adicional para que empresas y autónomos puedan adaptarse a los requisitos técnicos y legales que exige esta nueva herramienta digital.
Verifactu exige que los sistemas de facturación generen un registro inalterable, accesible para la administración, lo que afecta a quienes utilicen software homologado.
No obstante, la obligación no será aplicable a quienes continúen emitiendo facturas manualmente ni a los residentes en territorios con sistemas fiscales propios, como los de normativa foral.
- Estado actual de la implementación
Hasta mediados de noviembre, únicamente el 8% de autónomos y pymes había implantado Verifactu y alrededor del 15% se encontraba en proceso de adaptación, según los datos publicados por El País. Este nivel de cumplimiento, muy inferior al esperado por la Agencia Tributaria, generó preocupación entre asociaciones empresariales y colectivos profesionales, que solicitaron al Gobierno una mayor flexibilidad en los plazos.
La baja implantación evidenciaba que una parte significativa del tejido empresarial no estaba preparada para asumir la obligatoriedad del sistema en 2026, y este escenario ha sido determinante para que Hacienda decidiera aplazar un año la entrada en vigor del nuevo modelo de facturación electrónica.
